Pese a una serie de actitudes que pretenden truncar el juicio contra el ex alcalde aprista del distrito de Santiago de Cao, Marco Antonio Muñoz Verástegui, con el solo objetivo de que este prescriba; finalmente, después de 7 años de que la Fiscalía Provincial Penal de Ascope interpusiera demanda por peculado, el juez del primer Juzgado Unipersonal de Ascope, Dr. Paco Arangurí Llerena, decidió citar a juicio oral a dicho ex burgomaestre y a dos ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao.
Como es de conocimiento público, el actual alcalde del distrito, Felipe Cerna García, denunció al ex alcalde Marco Muñoz Verástegui, por el supuesto uso irregular del dinero de la comuna, firmando el cheque Nº 20774077-0-018-741-0741036878-96 por el monto de S/. 8,400.00 a favor de la empresa Electromecánica Industrial Cubas EIR Ltda., pese a que se conocía que el motor eléctrico marca HIGHTHURST, tipo RV por el cual estaba pagando no existía físicamente y, en consecuencia, nunca se iba a instalar en uno de los pozos de agua al servicio de la población de Santiago de Cao.
“Esto significa que se apropió de caudales públicos para beneficiar a una tercera persona, aprovechando su calidad de alcalde de la municipalidad agraviada, pues la administración y/o custodia de los caudales le estaban confiados por razón de su cargo. En este sentido, el acusado tendría la calidad de autor”.
Así refiere textualmente el Requerimiento Acusatorio que firma el Dr. Constante Carlos Avalos Rodríguez, Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.
Por ello, el representante del Ministerio Público solicitó la pena de seis años de pena privativa de la libertad para el ex alcalde aprista Marco Antonio Muñoz Verástegui y sus coacusados, asimismo como la inhabilitación de tres años para ejercer cualquier función pública.
Al respecto, un gran sector de la población de Santiago de Cao exige a las autoridades competentes mayor celeridad en este proceso, considerando que los hechos ocurridos datan desde el año 2000 y la denuncia se efectuó en el año 2010.
Existe preocupación también porque este proceso se ha venido dilatando en forma sistemática culpa de la Procuraduría Pública Anticorrupción y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, quienes como operadores de justicia, representantes y defensores del Estado Peruano, inasistieron a citaciones previas lo que obligó al juez reprogramar audiencia
“No es posible que inculpados busquen la prescripción de las acusaciones, como ya ocurrió con uno de los delitos acusados, en aparente complicidad con los representantes del Estado. Estas dilataciones simplemente perjudican a la población porque se trata de los intereses de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao”, refirieron los pobladores.