Aquellas instituciones educativas que condicionen a los padres de familia para adquirir determinadas marcas de útiles escolares infringirán la ley. Y por esas malas prácticas recibirán una multa de hasta 1 millón 600 mil soles (450 UIT), según informó la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios.
“La ‘recomendación’ de útiles escolares no es legal. Cuando los padres de familia no compran material recomendado, los hijos son objetos de burla o son marginados. Lo mismo ocurre cuando los uniformes son adquiridos fuera del colegio, incluso muchas veces no permiten a los alumnos participar en campeonatos”, advirtió el presidente de la Aspec, Crisólogo Cáceres.
Una vez concluido el proceso de investigación y con las denuncias de los propios padres de familias en marcha, la asociación que protege a los consumidores puede aplicar otras sanciones. En el caso de los colegios públicos corresponde la destitución del servidor. También incluyen procesos administrativos, protegidos por la Ley del Profesorado hasta procedimientos penales.
COBROS CAMUFLADOS
Otra práctica bien camuflada que viene realizándose en los colegios privados es el cobro abusivo de “servicios atados” bajo el concepto de matrícula cuando esto representa un acto ilegal, ya que el consumidor no los ha solicitado, explica Cáceres.
Esta modalidad de cobros indebidos, que alerta la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ha comenzado a emplearse en algunos centros educativos a raíz de la rigurosidad de la Ley 29839 que protege a los padres de familia de las prácticas abusivas para adquirir textos escolares.
“En el momento de la matrícula a los padres les indican que en ella incluye el derecho a un seguro médico o servicios especiales como limpieza de pupitres. Con esto tratan de justificar el cobro. Pero esto es ilegal. Para subir la matrícula o pensiones deben informar el año anterior. No se puede atar la matrícula a otros servicios no solicitados por el consumidor”, denuncia Cáceres.
TESTIMONIOS DE ABUSOS
“Mi hija ingresó al colegio San Carlos que se vendió el año pasado a la Corporación Educativa Los Ingenieros en San Martín de Porres. En noviembre realizaron una parrillada obligando a los padres de familia a vender 5 tickets de 10 soles cada uno. Nunca nos explicaron cuál era el objetivo. Al no poder vender los tickets me exigieron el monto si no no me entregarían los papeles de mi hija para sacarla del colegio. Por los papeles me pidieron 80 soles, ahora tengo que pagar ambos montos”, se queja una madre de familia a la Aspec.
“El Colegio Patrocinio de San José (en Breña) declaró como 14 la nota mínima en el curso de inglés a mi hija, por lo que, dijeron, le correspondía rendir un examen aprobatorio por el que tenía que pagar cada vez que la desaprobaran. Lo raro es que la nota mínima de 14 no es una disposición del Ministerio de Educación sino del propio colegio”, denuncia otro padre a la institución.
En ambos casos se reflejan los atropellos de ciertas instituciones, aun así hay padres que, por temor a represalias, explica Cáceres, no han denunciado públicamente los hechos.
ABUSAN Y NO ENTREGAN NOTAS
Los colegios Corporación Educativa Los Ingenieros en San Martín de Porres; Patrocinio de San José en Breña; y el Colegio San Andrés en el Cercado de Lima, fueron identificados como las instituciones donde se cometen abusos de cobros indebidos a los padres de familia, según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).
Además en el Colegio Micaela Bastidas y Antonio Moreno de Cáceres en San Juan de Lurigancho, junto al Colegio Naciones Unidas de Villa El Salvador, según la Federación de Apafas, el Ministerio de Educación no cumplió con entregar las notas de los alumnos de quinto de secundaria, lo que les impide concluir el año escolar.
Este año entra en rigor la Ley N° 29839 que protege de los abusos en la adquisición de textos escolares a los padres de familia, advirtió Crisólogo Cáceres.
La Cámara Peruana del Libro recordó que los libros escolares no son desechables.
CLAVES
Las Fiscalías de Prevención del Delito visitarán las instituciones educativas que, por denuncias periodísticas, fueron identificadas por realizar cobros indebidos en los procesos de matrícula.
La Contraloría General advirtió que verificará que se cumpla la ley durante las matrículas escolares. (La República)