Según las investigaciones preliminares, el detenido alcalde aprista se encontraba recibiendo la suma de diez mil nuevos soles de manos de representantes de una constructora, con la finalidad de favorecerles en próximas licitaciones de obras públicas en la comuna andina de Julcán.
Precisamente, este acto está considerado como ilícito ya que se sanciona la conducta típica del funcionario público de recibir dádivas o regalos en consideración de su función, en este caso de alcalde, para lograr la consecución de un acto no prohibido legalmente, como es la entrega de la buena pro a la empresa "dadivosa".