La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó ayer por unanimidad el proyecto que propone separar, destituir e impedir el ingreso o reingreso del personal docente y administrativo de instituciones públicas y privadas, implicado en delitos de apología del terrorismo y violación sexual.
“Y cuando se trata de una persona que es procesada, o en cualquiera de sus etapas, se les separa temporalmente hasta que se defina su situación jurídica”, indicó.
Según el texto aprobado, los docentes y
personal administrativo de colegios, universidades, institutos
superiores y escuelas de formación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que tienen sentencia consentida por delitos de apología del terrorismo y violación sexual, serán separados de manera definitivamente.
Se precisa que el Ministerio de Educación
en el plazo de 30 días supervisará que ninguna institución educativa
tengan en su plana docente o administrativa personal condenado los
delitos señalados.
También se plantea la creación del registro de personas condenadas y procesadas por delitos de terrorismo, apología de terrorismo o violación de la libertad sexual, a fin de que cualquiera sepa quiénes son.
“En donde se inscribirán a todos los que
están sentenciados y procesados, de manera que en cualquier parte del
Perú se sepa quiénes son, y no se les permita la docencia en escuelas privadas, públicas, universidades”, subrayó.